Alto Perfil número 10

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Desaire o falta de unidad contra la inflación

Gremios, cámaras o agrupaciones ninguno dentro de la segunda versión del Pacto contra la Inflación y la Carestía con el que se pretende contrarrestar la carestía en la canasta básica de los mexicanos. Con pie izquierdo se inició el acuerdo que durará hasta el 28 de febrero del próximo año, solo 15 grandes empresas firmaron el compromiso por mantener el precio de sus productos a cambio de menor carga fiscal y facilidades extraordinarias a sus importaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los directores de las empresas y luego presumió su apoyo, el objetivo –aseguró– es contener la inflación que en septiembre llegó a 8.7% y según la más reciente estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará 2022 en 8.5% en México. Pero, como en el detalle está el “diablo”, es necesario analizar el por qué solo empresas firmaron y ninguna agrupación apareció.

Son parte del segundo pacto Tuny, de Antonio Suárez, y Grupo Pinsa-Dolores, de Leovi Carranza Beltrán, y quedaron fuera del mismo alrededor de 26 mil unidades económicas o empresas registradas a lo largo y ancho del país, principalmente en Sinaloa, Sonora y Veracruz, que organizadas en cooperativas o agrupaciones producen sobre 2 millones de toneladas anuales de captura. Y ¿éstas dónde quedaron?

Los que faltantes lejos estarán de los beneficios del pacto: Licencia única y universal para exentar trámites o permisos de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos, cumpliendo –según su parecer– las normas sanitarias, de inocuidad y calidad. Sin revisión de toda regulación que impide o encarece la importación de alimentos y su movilidad, sean aranceles, barreras de comercio u otras consideraciones de ingreso a México.

Grupo Gruma Maseca, de Juan Antonio González Moreno, y Minsa, con Altagracia Gómez Sierra, firmaron el nuevo pacto, pero no lo hicieron los supermercados que producen las tortillas diarias de muchos mexicanos y tampoco muchos productores y tortilleros de maíz. 

En los autoservicios las tortillas son mero gancho para llevar a los consumidores a recorrer toda la tienda para encontrarlas, sacrifican su precio con tal de que salgan con otros productos en la bolsa.

 

Y pues hablar de las uniones o sociedades cooperativas de aquellos que elaboren productos de maíz es atender una verdadera falta de organización gremial. Hace no mucho tiempo, intentaron agruparse y comprar el maíz en conjunto a los grandes alamacenadores y distribuidores en el país como Mercader, Bachoco, Cargill y Minsa, pero vieron fruestrado el intento cuando se dieron cuenta de la falta de logística e infraestructura que tenían para comprar el maíz en Sinaloa o Sonora y hacerlo llegar a todo el territorio nacional.

Se acordó cerrar la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. 

Bachoco, San Juan y SuKarne, de la familia Robinson Bours, Isidro Ávila Lupercio y Jesús Vizcarra respectivamente, firmaron el acuerdo y quedaron fuera las organizaciones gremiales en torno a la carne y sus derivados, como la agrupación Come Carne, que en los últimos años ha invertido en convencer sobre las bondades del producto mexicano y sus certificaciones.

A los firmantes del segundo pacto se unieron Arnulfo Ortiz (Grupo Gusi); José Zaga Mizrahi (Opormex); Eugenio Caballero Sada (Sigma Alimentos); Alfonso Celis (Socorro), y Alfonso Rosales Wybo (Verde Valle). Además de Guilherme Loureiro y Javier Treviño de Walmart; Ricardo Martín Bringas de Soriana, y Antonio Chedraui Obeso de Chedraui.

Mucho pacto, mínima unión y pocos resultados desde el 4 de mayo cuando se anunció el PACIC.

 

Guadalupe Romero

Guadalupe Romero. Periodista y escritora especializada en negocios y finanzas con 25 años medios impresos y multiplataforma

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