El panorama del matrimonio en México está viviendo una metamorfosis irreversible. Lo que antes se consideraba un contrato para toda la vida, hoy se analiza bajo la lupa de la libertad personal y, sobre todo, de la estrategia financiera. Según las cifras más recientes del INEGI, el país registró 161,932 divorcios, una cifra que revela una realidad contundente: hoy ocurren 33.3 separaciones por cada 100 matrimonios.
El mapa del adiós en cifras
La geografía del divorcio en México es contrastante. Mientras que estados como Campeche y Tamaulipas lideran la lista con tasas de separación de 69.7 y 66.2 respectivamente, entidades como Veracruz y Chiapas se mantienen en el extremo opuesto con los índices más bajos.
Un dato que invita a la reflexión es la longevidad de estas uniones: los matrimonios que se disuelven tienen una duración promedio de 17.7 años. Es decir, las parejas están cerrando ciclos en plena madurez productiva —ellos a los 43 años y ellas a los 41—, justo cuando el patrimonio acumulado suele ser más robusto y complejo de dividir. Además, se estima que para 2026, el costo de los trámites legales y administrativos ha incrementado en línea con la actualización de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), situando el valor diario en 117.31 pesos, lo que encarece directamente las actas y derechos judiciales.
El reto de la disolución patrimonial
Más allá del duelo emocional, el divorcio representa un desafío jurídico de alta precisión: la liquidación de la sociedad conyugal. En México, incluso bajo el régimen de separación de bienes, existen jurisprudencias que permiten una compensación de hasta el 50% del valor de los activos adquiridos durante el matrimonio si uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al hogar. Esta complejidad hace que la identificación de pasivos (deudas) y activos (inmuebles, inversiones y vehículos) sea el paso más crítico para evitar un desequilibrio financiero a largo plazo.
Para que la justicia no sea subjetiva, la figura del perito valuador certificado se vuelve el eje central de la negociación. Dependiendo de la naturaleza del proceso, existen tres figuras clave para blindar el patrimonio:
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Peritos Auxiliares de la Justicia: Indispensables en procesos judiciales sin acuerdo; su labor es dar certeza técnica ante el juez.
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Valuadores Independientes con Cédula Profesional: La opción predilecta en divorcios por mutuo acuerdo ante Notario, garantizando una división equitativa y técnica.
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Unidades de Valuación: Cruciales cuando existen propiedades con hipotecas vigentes, permitiendo maniobras financieras como la dación en pago o la sustitución de deudor.
El lenguaje de la certeza legal
No todos los avalúos tienen el mismo peso ante la ley. Para que un dictamen sea vinculante, debe ser realizado por especialistas con registro ante tesorerías estatales o la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Según Jesús Ruíz Vázquez, director Divisional de Tasvalúo, la certificación técnica es lo que otorga certeza legal al patrimonio, evitando que factores emocionales o el mercado inflen o subestimen el valor real de una propiedad, lo cual es vital para calcular impuestos como el ISAI o la plusvalía municipal.
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