El sistema de ahorro para el retiro en México atraviesa un momento de metamorfosis profunda. Lo que antes se percibía como un fondo estático y distante, hoy se ha convertido en el epicentro de un debate sobre la dignidad en la vejez y la responsabilidad compartida entre Estado, empresa y trabajador. Al entrar en 2026, las piezas del tablero se mueven con una precisión técnica que busca, en teoría, cerrar la brecha histórica entre el último salario percibido y la pensión recibida.
El Ascenso del Umbral de las 875 Semanas
El cambio más palpable para el trabajador este año es el incremento en el requisito de cotización. Siguiendo la ruta trazada por la reforma de 2020, en 2026 el mínimo de semanas necesarias para acceder a una pensión bajo la Ley 97 sube a 875 semanas. Este es un recordatorio anual de que el camino hacia la jubilación se vuelve más estrecho para quienes no mantienen una constancia en el sector formal. Aunque la meta final de 1,000 semanas para 2031 parece lejana, el ajuste actual presiona a las generaciones más jóvenes a vigilar su historial laboral con un rigor casi contable.
El Esfuerzo Patronal
Quizás el motor más potente de este cambio es el aumento gradual de las aportaciones patronales. En 2026, la cuota que el empleador deposita en el ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez continúa su ascenso progresivo. Este incremento no es uniforme; está diseñado para ser proporcional al Salario Base de Cotización (SBC), buscando que las empresas asuman una mayor responsabilidad financiera en la construcción del patrimonio de sus empleados. Es una apuesta por el ahorro colectivo que busca elevar la tasa de reemplazo sin transferir el costo directo al bolsillo del trabajador.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar
Una de las novedades editoriales más discutidas es la consolidación operativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este mecanismo busca garantizar que aquellos que ganan menos del salario promedio del IMSS puedan aspirar a una pensión del 100% de su último sueldo, mediante un complemento financiado por el Estado. Este fondo actúa como un equilibrador social, intentando corregir las deficiencias de un sistema de capitalización individual que, por décadas, condenó a muchos a una vejez de precariedad.
Comisiones a la Baja
La gestión de los recursos también ha sido sometida a una revisión de costos. Para 2026, la Junta de Gobierno de la CONSAR ha autorizado una reducción en las comisiones que cobran las Administradoras (Afores), situando el promedio del sistema en un 0.538%. Aunque parezca una cifra marginal, en el agregado de millones de cuentas, representa un ahorro sustancial que se queda en el saldo del trabajador, permitiendo que el interés compuesto trabaje con mayor libertad.
«El sistema de pensiones ya no es solo una cuenta de ahorros; es un contrato social en constante renegociación que exige un trabajador informado y una empresa comprometida.»
Este 2026 no es solo un año de trámites; es un año de definiciones. La transición hacia un modelo más robusto requiere que el usuario deje de ser un espectador pasivo de su Afore y se convierta en un estratega de su propio retiro, aprovechando las nuevas protecciones legales y la reducción de costos administrativos.
