Entre la Prohibición y la Tesorería: La Prueba de Fuego Regulatoria de México
La inminente discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley General de Salud en materia de vapeadores y cigarrillos electrónicos no es un debate menor sobre un producto de nicho. Es, fundamentalmente, una prueba de fuego para la capacidad del Estado mexicano de promulgar políticas públicas inteligentes, pragmáticas y basadas en evidencia, en lugar de ceder al impulso prohibicionista.
México se encuentra en una encrucijada regulatoria que definirá si privilegia la retórica moralista o la salud pública y el orden económico.
La Evidencia Contra el Dogma
El primer punto que debe permear la discusión legislativa es el científico. La evidencia internacional, que emana de respetadas instituciones como el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., es clara: los sistemas de vapeo representan consistentemente un riesgo sustancialmente menor (hasta un 95%) en comparación con el consumo de tabaco tradicional de combustión. Desconocer este dato es una omisión deliberada que pone en peligro la salud de millones de fumadores adultos que buscan alternativas menos nocivas.
El verdadero riesgo, sin embargo, reside en el enfoque actual. La prohibición de facto ha resultado ser el catalizador más eficiente para el mercado negro. Bajo este esquema, el control de calidad es nulo, la trazabilidad desaparece, y el acceso a menores de edad se facilita irónicamente, ya que no existen puntos de venta regulados que verifiquen identificaciones.
Regulación: Un Asunto de Orden Fiscal y Legal
La regulación no es solo una medida de salud, es una estrategia fiscal y de seguridad nacional. El estudio de El Colegio de México estima que un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a estos productos podría generar hasta $6,940 millones de pesos anuales.
Ignorar esta posible recaudación es una negligencia económica, especialmente cuando los recursos son cruciales para el sistema de salud. Al negarse a regular, el Estado no solo le entrega al crimen organizado y al contrabando un mercado multimillonario, sino que renuncia a una fuente de ingresos que podría financiar los mismos programas de prevención y salud que se usan como argumento para prohibir.
Un Llamado a la Inteligencia Regulatoria
Lo que México necesita no es un «todo o nada», sino una regulación estricta y responsable. Esto implica:
Estándares de Calidad y Seguridad: Asegurar que solo productos que cumplan con rigurosas inspecciones sanitarias puedan venderse.
Trazabilidad: Saber de dónde viene cada producto para combatir el contrabando eficazmente.
Venta Exclusiva a Adultos: Implementar licencias y mecanismos de verificación de edad obligatorios para proteger a los menores.
Si la ley secundaria no establece mecanismos de control claros y robustos, la prohibición constitucional se convertirá en una letra muerta, dejando como únicos ganadores al mercado informal y a los intereses criminales.
La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de demostrar madurez legislativa: abandonar la comodidad del prohibicionismo y diseñar un modelo que proteja la salud pública, alinee a México con las mejores prácticas internacionales y, de paso, fortalezca la tesorería nacional.
