El giro radical en la política sanitaria de los Estados Unidos no es un simple ajuste administrativo; es una declaración de principios que busca desmantelar décadas de consenso médico en favor de una soberanía individual sin precedentes. Bajo el liderazgo de figuras críticas con el sistema tradicional, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha impulsado una reconfiguración del calendario de inmunización infantil, transformando lo que antes era un mandato social en una decisión privada. Esta transición marca el fin de la era de la salud pública colectivista para dar paso a un modelo de gestión de riesgo personalizado, donde el Estado cede su autoridad a la mesa de debate entre padres y médicos.
La base filosófica de esta decisión se asienta en la premisa de que la confianza en la ciencia no se impone, sino que se gana. El panel de expertos que ahora asesora al gobierno argumenta que la saturación de vacunas en el calendario infantil —que creció de manera exponencial desde finales del siglo XX— ha generado un efecto de rechazo y saturación en la población. Al reducir las vacunas recomendadas rutinariamente de 18 a 11, el gobierno afirma estar eliminando el ruido regulatorio para concentrarse en las patologías más críticas, permitiendo que las familias decidan sobre otras inmunizaciones, como las de la gripe, la hepatitis B para recién nacidos o el rotavirus, basándose en sus circunstancias específicas y no en un mandato nacional.
Detrás de este movimiento existe también una intención de homologar a los Estados Unidos con ciertos modelos europeos. Países como Dinamarca han servido de referente para este panel, que sostiene que es posible mantener altos estándares de salud sin necesidad de una intervención estatal tan profunda en la infancia temprana. Para los defensores de esta medida, se trata de un ejercicio de transparencia que obliga a la industria farmacéutica y a los organismos de salud a presentar pruebas más rigurosas y convincentes sobre la necesidad de cada dosis, en lugar de apoyarse en la inercia de la obligatoriedad escolar para asegurar el cumplimiento.
Sin embargo, esta nueva dirección editorial de la política sanitaria ha encendido las alarmas en los círculos académicos y pediátricos. La crítica es feroz: se argumenta que el concepto de decisión informada es una falacia si no se cuenta con una infraestructura educativa robusta que contrarreste la desinformación. Al romper el escudo de la inmunidad colectiva, se teme que enfermedades que ya eran parte del pasado regresan con fuerza a las comunidades más vulnerables, aquellas donde el acceso a una consulta médica privada y detallada es un lujo y no un estándar.
Lo que estamos presenciando en 2026 es un experimento social de gran escala sobre la responsabilidad civil. Estados Unidos está apostando a que el ciudadano, liberado de la presión del mandato, elegirá lo mejor para sus hijos de manera voluntaria. Es un desafío directo a la estructura de la salud pública tradicional que prioriza el bienestar del grupo sobre la autonomía del individuo. El tiempo determinará si este retorno a la libertad de elección fortalece el tejido social y la confianza médica, o si, por el contrario, abre la puerta a crisis epidemiológicas que el país creía haber superado hace un siglo.
