El Congreso de la Ciudad de México ha iniciado una fase crítica para la protección animal con la apertura de foros de discusión sobre la nueva Ley de Refugios. Este movimiento legislativo no es menor; representa el intento más serio hasta la fecha por transitar de un modelo de buena voluntad y rescate espontáneo hacia un sistema profesionalizado. Durante años, los albergues capitalinos han operado en una zona gris, sobreviviendo a base de donativos y sacrificios personales, pero a menudo enfrentando problemas de hacinamiento o falta de protocolos sanitarios que comprometen la salud de los ejemplares.
El debate central en Donceles gira en torno a la creación de un padrón oficial que permita al Gobierno capitalino identificar cuántos refugios existen y bajo qué condiciones operan. Los legisladores proponen que esta normativa no solo sirva como un mecanismo de supervisión, sino como una herramienta para dotar de certeza jurídica a los rescatistas. Al formalizar su existencia, estos espacios podrían dejar de ser vistos como focos de infección o molestia vecinal para convertirse en instituciones de bienestar animal integradas a la infraestructura urbana de la ciudad.
Uno de los puntos más sensibles del foro será la definición de los estándares de bienestar. La iniciativa busca establecer perímetros claros y requisitos mínimos de espacio y atención médica, lo cual ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores aplauden el ordenamiento, otros temen que los requisitos sean demasiado estrictos para los refugios independientes que ya operan al límite de sus capacidades. Por ello, el parlamento abierto busca escuchar a los protectores para que la ley sea un apoyo y no una barrera burocrática que termine desprotegiendo a los animales.
Finalmente, esta ley pretende abordar la raíz del problema: la responsabilidad del Estado y de la ciudadanía. Más allá de regular las jaulas y el alimento, la propuesta legislativa pone sobre la mesa la necesidad de que el gobierno local brinde apoyo técnico, medicinas y alimento a través de rutas de colaboración institucional. Si la CDMX logra consolidar este marco legal, se enviará un mensaje claro: el rescate animal es una labor de interés público que merece dignidad, recursos y, sobre todo, un respaldo legal que garantice que la sintiencia animal sea respetada en cada rincón de la capital.
