Hoy vivimos en una ciudad que protege los derechos de todas las personas, que reconoce la diversidad de sus habitantes y que establece acciones para la implementación de políticas y programas de atención a los grupos vulnerables, la igualdad de género y la participación ciudadana.
A lo largo de la historia reciente, nuestra ciudad ha sido pionera en la defensa de los derechos humanos, como ejemplo podemos mencionar el derecho al aborto, matrimonio igualitario, así como la implementación de programas sociales para las personas adultas mayores, mamás solteras, etc.
Sin embargo, estas acciones deben ir acompañadas del fortalecimiento del estado de derecho en el acceso a la justicia ante el riesgo de que sólo queden como palabras al momento de llegar a los tribunales.
En este sentido, el pasado 30 de abril se logró un precedente en México en la lucha en contra de la discriminación laboral por homofobia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) falló en contra de un Banco Internacional, lo que es un hito importante en la vida jurídica del país y, en particular, de la Ciudad de México para proteger a las personas que han sido discriminadas en sus lugares de trabajo por razón de género y orientación sexual.
Este fallo de la SCJN es una victoria legal crucial para todas las personas que pertenecen a alguno de los grupos vulnerables protegidos por nuestra Carta Magna en su artículo 1°. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ya había determinado previamente por la violación de los derechos laborales que hubo discriminación agravada en este caso, sin embargo, el fallo de la SCJN en México es un paso fundamental hacia la justicia y sienta un precedente para futuras situaciones de discriminación laboral en el país.
Esta resolución está generando un cambio histórico en la vida jurídica de nuestro País, toda vez que a partir este momento las empresas serán responsables penalmente por “todos” los delitos a que se refiere el Código Penal de la Ciudad de México.
A partir de hoy, tener un adecuado sistema de control interno y medidas de prevención para evitar caer en un proceso penal será la pauta que mueva la modificación de los programas de cumplimiento de las empresas en México.
Alzar la voz es un derecho y como sociedad, debemos impulsar un cambio cultural para efecto de alentar la denuncia, proteger a la víctima y generar un verdadero estado de inclusión y diversidad en el que todas, todos y todes podamos vivir, amar y trabajar en libertad sin importar nuestra condición social, orientación sexual o identidad de género.
Leo Poblete
Licenciado en Derecho
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