El año 2026 se erige como un periodo de definiciones críticas para México. Tras el primer tercio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el país no solo enfrenta la inercia de sus desafíos históricos, sino una nueva arquitectura institucional y un entorno global mucho más agresivo. Este análisis editorial explora los tres pilares de riesgo que marcarán la agenda nacional: la incertidumbre jurídica, la tensión comercial con Estados Unidos y la persistente crisis de seguridad.
La Nueva Realidad Institucional
El riesgo político más tangible proviene de la implementación de las reformas aprobadas en años previos, especialmente la del Poder Judicial. En 2026, la transición hacia un sistema de jueces y magistrados electos por voto popular genera dudas sobre la pericia técnica y la autonomía frente al Poder Ejecutivo. Para los inversionistas, esto se traduce en una incertidumbre jurídica que frena proyectos de largo plazo. La concentración de poder en la coalición gobernante facilita la toma de decisiones rápidas, pero a costa de eliminar los contrapesos que antes brindaban estabilidad regulatoria a sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones.
El Factor T-MEC y la Sombra de Trump
En el ámbito externo, la mirada está fija en julio de 2026, fecha marcada para la primera revisión sexenal del T-MEC. La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento de cooperación coercitiva. Con la administración de Donald Trump presionando mediante amenazas arancelarias y una postura más intervencionista en temas de migración y narcotráfico, México llega a la mesa de negociación en una posición delicada. La dependencia económica es total: el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el vecino del norte, lo que convierte cualquier fricción comercial en un riesgo sistémico para el crecimiento del PIB, proyectado apenas entre el 1.5% y 2.5%.
El Riesgo Estructural
Finalmente, el control territorial del crimen organizado sigue siendo el principal inhibidor de la actividad económica en diversas regiones. El riesgo ya no es solo la violencia aislada, sino la infiltración de economías ilícitas en cadenas de valor legales. Esto, sumado a una polarización social persistente, crea un caldo de cultivo para la inestabilidad. A medida que se perfilan las elecciones intermedias de 2027, el uso político de la justicia y la lucha por el control de las estructuras electorales añadirán ruido a un año que debería ser de consolidación técnica, pero que apunta a ser de resistencia política.
